El PCE de León
se suma y convoca a participar en las movilizaciones previstas para el 22 de
febrero en defensa de las Pensiones Públicas. En León capital está prevista a
las 20:00 horas en la plaza de la Inmaculada, enfrente de la Subdelegación del
Gobierno. Las movilizaciones tienen dos consignas claras: subida de las
pensiones y la lucha por un futuro sistema de Seguridad Social Público y
Universal de garantías para todas y todos.
Según Rubén
Darío, Secretario provincial del PCE, “asistimos con estupefacción al ataque
interesado del neoliberalismo español al sistema público de pensiones, mediante
el miedo y la falsa creencia de que es insostenible”. Para el PCE, el gobierno
y la banca pretenden, “una vez más”, hacer negocio con las Pensiones Públicas:
“110 mil millones de euros anuales de recaudación por cotizaciones sería un
buen botín para el sector privado”, argumentan. Para la formación la estrategia
de la oligarquía pasa porque las personas se animen a buscar alternativas en el
negocio privado de pensiones y para ello,
“no dudan en deteriorar el sistema público, como hacen con la sanidad,
para que lo privado sea más atractivo”. Rubén Darío afirmó que el gobierno del
PP utiliza la Constitución según le conviene y “parece una agencia de
publicidad de los oligopolios, demostrando su incapacidad defender lo público,
más bien todo lo contrario”.
El déficit
provocado por las decisiones políticas de los gobiernos de Zapatero y Rajoy,
las reformas laborales que han provocado despidos, reducción de los salarios y
a su vez de las cotizaciones sociales, están entre los motivos de la actual
situación para el PCE. Medidas que solo han beneficiado a los empresarios, y
sin embargo han tenido un nulo impacto sobre el crecimiento de empleo afirman. Un
hecho es claro, hoy se recaudan 15.000 millones de euros menos que hace 9 años,
con prácticamente el mismo número de personas cotizantes.
El gobierno de
Rajoy vació la hucha de las pensiones axfisiándola en sus ingresos. “No fue la
crisis lo que provocó el déficit, sino las políticas de austericidio aplicadas
por el gobierno de Rajoy”, afirma Rubén Darío, quien recuerda que “el problema
no es que se paguen pensiones altas, sino que se han dinamitado los ingresos a
la Seguridad Social”. El gasto público en las pensiones españolas es un punto
porcentual del PIB inferior a la media europea y la mitad de las pensiones son
inferiores a 800 euros.
El PCE lanza una
batería de medidas para solucionar el déficit, que pasan por incrementar los ingresos
por cotizaciones sociales. “No debemos
olvidar que se trata de salarios diferidos”, recuerdan. Sus propuestas pasan
por perseguir el fraude laboral, (contratos no registrados, temporales, falsos
autónomos, etc.), la eliminación del tope máximo de cotización (como la de
ejecutivos de la banca y futbolistas, por ejemplo, que cobran cifras astronómicas y
no cotizan en proporción a sus ingresos), eliminación de las bonificaciones en
cotizaciones sociales a los empleadores (que nos cuestan el 0,4% del PIB), aumentar las
prestaciones por desempleo (volver a permitir que los parados de más de 52 años
coticen y hacer lo mismo con
estudiantes en prácticas y becarios/as), elevación del salario mínimo y la
creación de empleo
de calidad.
Ante
esta última medida se muestran tajantes: “si el sector privado no es capaz de
hacerlo, que lo haga el sector público”. Para el PCE con estas medidas se podrían
aumentar las pensiones mínimas,
volver a indexar la revalorización
de las pensiones al IPC y reducir la edad de jubilación por debajo de los 65
años.
Por
último, la organización comunista ha lanzado un mensaje a las y los
trabajadores leoneses, advirtiendo que los planes de pensiones privados no
tienen nada que ver con las pensiones, pues, argumentan, son fondos de
inversión con los que los bancos hacen negocios, con la falsa creencia de que
revertirán beneficios.
Además
manifiestan que los fondos privados son “injustos e insolidarios”, frente al
sistema público que contribuye a reducir las desigualdades sociales. Más si
cabe, cuando “la mayoría de las familias no tienen capacidad de ahorro y por lo
tanto no pueden acudir a los fondos privados”, concluyen.
